5 de diciembre, de 2007
Expresión particular sobre Paseo Caribe
Antonio Fernós, Catedrático de Derecho
http://www.elnuevodia.com/diario/columna/325688
Expresión particular sobre Paseo Caribe
Antonio Fernós, Catedrático de Derecho
http://www.elnuevodia.com/diario/columna/325688
Vox Populi Vox Dei (La voz del pueblo es la voz de Dios)
Cuando todo esto concluya, si los edificios de Paseo Caribe permanecen incólumes como entes privados sobre terrenos de dominio público o ganados al mar, sólo quedará allí el más grotesco monumento a la traición al Pueblo y al Estado de Derecho. Y la infamia será la corona de los autores, cómplices y colaboradores.
El Proyecto Paseo Caribe constituye un asalto al pueblo puertorriqueño por apropiación de terrenos de dominio público. El proyecto consta de varios edificios construidos sobre predios y terrenos ganados al mar y, por ende, de indubitable carácter de dominio público e impedido de ser objeto de comercio o titularidad privada.
El trámite, el expediente, la consideración y concesión de permisos para este complejo de edificios ha ocurrido dentro de la mayor irregularidad.
Este proceso, ocurrido de 1998 al 2004, revela una actitud de crasa negligencia y grave menosprecio de la diligencia debida en el desempeño de su deber ministerial por funcionarios públicos, así como abogados, notarios y registradores de la propiedad.
Dos de estos edificios se han completado y otros dos más están casi terminados. Sobre ellos, es de suponer, gravan y obran ya garantías y obligaciones reales y personales. Reconozco la complejidad y gravedad que esto impone sobre la situación, pero no puedo legitimar o validar todo este esquema de corrupción pública y de fraude a la fe y propiedad pública.
Es de suponer y anticipar que haya terceros de buena fe, pero entre ellos no están el desarrollador señor Arturo Madero y sus empresas ni las empresas Hilton.
Son ellos los responsables frente a estos terceros de buena fe y se les debe exigir responsabilidad civil contractual y extracontractual.
El Estado ha incurrido en responsabilidad, pero tiene el deber de reclamar la reivindicación de la titularidad de aquello imprescriptible y la indemnización por lo que, aun siendo de su propiedad, no recibió la debida compensación.
Esta compensación es, a mi juicio, responsabilidad solidaria de las empresas Hilton y las empresas desarrolladoras del proyecto. Determinar la identidad de éstas es responsabilidad del Departamento de Justicia; la adjudicación será judicial.
Sin perjudicar a legítimos terceros de buena fe, tanto Hilton como Paseo Caribe y las empresas responsables, deberán restituir al pueblo de Puerto Rico, su legítimo titular, toda porción de terreno ganado al mar por relleno o de la zona marítimo terrestre ocupado desde 1949 al presente.
Es deber imperativo histórico y cultural del pueblo de Puerto Rico, restituir los terrenos del Parque San Jerónimo según éstos se definieron al producirse la cesión por la Corona española a Estados Unidos en 1898 como acto de soberanía, y por Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico por la legislación orgánica colonial y legislación congresional especial.
Todo se identificó claramente como “reserva militar” en planos, mapas y escritos incluso judiciales. Todo este escandaloso episodio de la historia gubernamental del País debe quedar para siempre en la memoria del Gobierno y del pueblo para que no se repita esta trágica secuencia de actos de negligencia, descuido, indiferencia e incumplimiento del deber por funcionarios públicos y de desprecio por el interés privado.
No puede presumirse de vivir un sistema democrático constitucional bajo el Estado de Derecho si estos eventos ocurren y quedan impunes.
El Gobierno del pueblo queda emplazado. Suya es ahora la responsabilidad. La voz que clama justicia es la voz del pueblo.
El Proyecto Paseo Caribe constituye un asalto al pueblo puertorriqueño por apropiación de terrenos de dominio público. El proyecto consta de varios edificios construidos sobre predios y terrenos ganados al mar y, por ende, de indubitable carácter de dominio público e impedido de ser objeto de comercio o titularidad privada.
El trámite, el expediente, la consideración y concesión de permisos para este complejo de edificios ha ocurrido dentro de la mayor irregularidad.
Este proceso, ocurrido de 1998 al 2004, revela una actitud de crasa negligencia y grave menosprecio de la diligencia debida en el desempeño de su deber ministerial por funcionarios públicos, así como abogados, notarios y registradores de la propiedad.
Dos de estos edificios se han completado y otros dos más están casi terminados. Sobre ellos, es de suponer, gravan y obran ya garantías y obligaciones reales y personales. Reconozco la complejidad y gravedad que esto impone sobre la situación, pero no puedo legitimar o validar todo este esquema de corrupción pública y de fraude a la fe y propiedad pública.
Es de suponer y anticipar que haya terceros de buena fe, pero entre ellos no están el desarrollador señor Arturo Madero y sus empresas ni las empresas Hilton.
Son ellos los responsables frente a estos terceros de buena fe y se les debe exigir responsabilidad civil contractual y extracontractual.
El Estado ha incurrido en responsabilidad, pero tiene el deber de reclamar la reivindicación de la titularidad de aquello imprescriptible y la indemnización por lo que, aun siendo de su propiedad, no recibió la debida compensación.
Esta compensación es, a mi juicio, responsabilidad solidaria de las empresas Hilton y las empresas desarrolladoras del proyecto. Determinar la identidad de éstas es responsabilidad del Departamento de Justicia; la adjudicación será judicial.
Sin perjudicar a legítimos terceros de buena fe, tanto Hilton como Paseo Caribe y las empresas responsables, deberán restituir al pueblo de Puerto Rico, su legítimo titular, toda porción de terreno ganado al mar por relleno o de la zona marítimo terrestre ocupado desde 1949 al presente.
Es deber imperativo histórico y cultural del pueblo de Puerto Rico, restituir los terrenos del Parque San Jerónimo según éstos se definieron al producirse la cesión por la Corona española a Estados Unidos en 1898 como acto de soberanía, y por Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico por la legislación orgánica colonial y legislación congresional especial.
Todo se identificó claramente como “reserva militar” en planos, mapas y escritos incluso judiciales. Todo este escandaloso episodio de la historia gubernamental del País debe quedar para siempre en la memoria del Gobierno y del pueblo para que no se repita esta trágica secuencia de actos de negligencia, descuido, indiferencia e incumplimiento del deber por funcionarios públicos y de desprecio por el interés privado.
No puede presumirse de vivir un sistema democrático constitucional bajo el Estado de Derecho si estos eventos ocurren y quedan impunes.
El Gobierno del pueblo queda emplazado. Suya es ahora la responsabilidad. La voz que clama justicia es la voz del pueblo.
